Hace poco te contamos que se había aprobado una nueva regla de carga pública que va a entrar en vigor en septiembre.
La medida amplía los beneficios públicos que los oficiales de inmigración pueden considerar al evaluar una solicitud de Green Card. Esto podría hacer más difícil demostrar que una persona es admisible.
Ahora, pocos días antes de que entre en vigor, se presentaron dos demandas para intentar frenarla.
Qué es la carga pública
La carga pública es un motivo de inadmisibilidad que existe en la ley de inmigración desde hace más de 100 años.
Esto significa que, si un oficial determina que una persona probablemente se convertirá en una carga pública, puede negarle ciertos beneficios migratorios, como una Green Card, una visa o la admisión a Estados Unidos.
Se considera que una persona se convierte en una carga pública cuando depende principalmente de la ayuda económica del gobierno para cubrir sus necesidades básicas o que podría llegar a depender de ella.
Para leer más sobre este tema, te recomendamos el artículo “Qué es la carga pública y cuándo se aplica en inmigración“.
Qué cambia con la nueva regla de carga pública
Antes, bajo la regla de 2022, el análisis para la carga pública se limitaba principalmente a la asistencia en efectivo y la atención institucional de largo plazo.
La nueva regla amplía qué información pueden tener en cuenta los oficiales de inmigración al evaluar si una persona podría convertirse en una carga pública.
Entre los beneficios que podrían entrar en ese análisis están Medicaid, las estampillas de comida (SNAP) y determinados programas de vivienda, además de otros beneficios públicos sujetos a prueba de recursos económicos.
Al evaluarse más beneficios en la evaluación de carga pública, podría hacerse más difícil demostrar que una persona es admisible.
Qué argumenta cada demanda
La primera demanda la encabeza la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con otros 21 estados y el Distrito de Columbia.
Los estados sostienen que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se excedió en sus facultades, y que el Congreso no autorizó una definición de carga pública tan amplia como la que adopta la nueva regla. También argumentan que la regla es arbitraria, porque el gobierno no explicó de forma adecuada el cambio ni evaluó sus consecuencias antes de aprobarlo.
La segunda demanda la encabeza el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto con las ciudades de Chicago, San Francisco y Seattle, y los condados de Santa Clara (California) y King (Washington).
Ninguna de las dos demandas pide una compensación económica. Le piden a la corte que invalide la regla y le impida a DHS aplicarla.
El gobierno, por su parte, defiende la medida como necesaria para que los inmigrantes se sostengan con sus propios recursos y no dependan de fondos públicos.
Por qué los estados dicen que también los afecta a ellos
Los estados demandantes argumentan que, si las familias inmigrantes dejan de pedir beneficios por miedo a que eso afecte un trámite migratorio, ellos van a perder fondos federales.
Según cifras que citan las demandas, los estados podrían perder miles de millones de dólares en pagos federales de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) si las familias dejan de usar estos programas.
Las demandas también advierten que la nueva regla puede tener consecuencias para familias de estatus migratorio mixto, incluso cuando otros miembros del hogar reciben beneficios públicos. Según los demandantes, esto podría llevar a algunas familias a dejar de pedir beneficios a los que tienen derecho.
Las demandas no bloquean la regla, por ahora
Por ahora, las demandas no cambian nada de forma automática.
La nueva regla sigue prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre de 2026, a menos que un juez ordene suspenderla antes de esa fecha.
Las demandas fueron presentadas, pero todavía no hay una decisión sobre el pedido.
Esto también significa que los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre no se evalúan bajo las nuevas reglas: siguen bajo el criterio más limitado de la regla de 2022.
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