A partir del 18 de septiembre de 2026, los oficiales de inmigración podrán considerar el uso de beneficios públicos como Medicaid, las estampillas de comida (SNAP) o la asistencia de vivienda al decidir si aprueban o niegan una Green Card.
El gobierno eliminó la regla de 2022 que impedía tomar en cuenta esos programas. Con eso, los oficiales recuperan una discreción mucho más amplia para evaluar si es probable que un solicitante se convierta en una carga pública.
El cambio no crea una definición nueva de carga pública. Lo que hace es eliminar los límites de la regla de 2022 y volver al análisis amplio que surge directamente de la ley de inmigración. En las próximas semanas se publicarán guías de política que orientarán cómo se aplicará este análisis en la práctica.
La carga pública es un motivo de inadmisibilidad que existe en la ley de inmigración desde hace más de un siglo. La ley no define con precisión qué significa, pero exige que los oficiales evalúen el conjunto de las circunstancias de cada solicitante antes de decidir si le niegan una visa, la admisión al país o el ajuste de estatus.
Qué cambiaba la regla de 2022 y qué significa su eliminación
La regla final, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se publicará en el Registro Federal el 20 de julio de 2026.
La regla de 2022 que ahora se elimina mantenía el análisis de la totalidad de las circunstancias, pero definía carga pública de forma estrecha y restringía qué beneficios públicos podían considerarse: solo la asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos y la atención institucional de largo plazo pagada por el gobierno. Programas como Medicaid, SNAP o la asistencia de vivienda quedaban fuera del análisis.
Con la eliminación de esos límites, a partir del 18 de septiembre de 2026 los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) podrán considerar todas las circunstancias de cada solicitante. Entre ellas: edad, salud y situación familiar, recursos financieros y bienes, educación y habilidades, evidencia de autosuficiencia, y la solicitud, aprobación o recepción de beneficios públicos sujetos a prueba de recursos económicos (“means-tested public benefits”), incluidos Medicaid, SNAP y asistencia de vivienda, recibidos a partir de la fecha de vigencia.
Un punto clave: recibir uno de estos beneficios no convierte automáticamente a nadie en carga pública ni genera por sí solo una negación. Es un factor más dentro de un análisis discrecional, caso por caso, junto con todos los demás elementos de la situación del solicitante.
La propia regla califica el marco de 2022 como una “camisa de fuerza” que limitaba la discreción de los oficiales. Según DHS, el objetivo es alinear la ley de inmigración con el principio de que los inmigrantes deben ser autosuficientes y no depender de beneficios pagados por los contribuyentes.
A quiénes aplica y a quiénes no
La regla aplica a las personas que solicitan el ajuste de estatus a la residencia permanente desde dentro de Estados Unidos, y también a quienes buscan la admisión en un puerto de entrada, tanto inmigrantes como no inmigrantes.
No aplica, en cambio, a las decisiones sobre visas que toman los consulados en el extranjero, que dependen del Departamento de Estado y se rigen por su propio marco.
Tampoco aplica a las solicitudes de cambio de estatus o extensión de estadía de no inmigrantes que ya están dentro del país.
Quedan fuera además las categorías que el Congreso exceptuó expresamente de la prueba de carga pública. Estas exenciones son parte de la ley y se mantienen sin cambios: refugiados, asilados, jóvenes inmigrantes especiales (SIJ), solicitantes y titulares de visas T y U, y autopeticionarios bajo VAWA.
El USCIS informó que estas exenciones van a seguir apareciendo en el formulario I-485 y en el Manual de Políticas.
Qué pasa con los beneficios recibidos por familiares
DHS aclaró que, por regla general, no va a considerar los beneficios que reciban los familiares del solicitante.
Hay una excepción concreta. Si el hijo de una solicitante recibe un beneficio (por ejemplo, SNAP) porque el ingreso de ella está por debajo del límite del programa, el oficial no le atribuye el beneficio a la solicitante, pero sí puede tomar ese dato como señal de que sus ingresos no alcanzan para mantener a su familia. Es decir, lo que se evalúa no es el beneficio del familiar, sino lo que revela sobre la situación financiera de quien solicita.
Aun con esa aclaración, organizaciones de defensa de los inmigrantes advirtieron que el nuevo esquema podría llevar a ciudadanos estadounidenses en familias de estatus mixto a dejar de pedir beneficios a los que tienen derecho, por miedo a afectar el trámite migratorio de un familiar.
Qué pasa con las solicitudes que ya están en trámite
El criterio que manda es la fecha de presentación.
Las solicitudes de ajuste de estatus enviadas por correo o presentadas electrónicamente antes del 18 de septiembre de 2026 seguirán bajo el marco de la regla de 2022, incluso si siguen pendientes después de esa fecha.
Además, solo se van a contar los beneficios sujetos a prueba de recursos recibidos a partir del 18 de septiembre de 2026. Los recibidos antes de esa fecha solo se toman en cuenta si fueron asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos o atención institucional de largo plazo (el mismo estándar que aplicaba bajo la regla de 2022).
USCIS también va a publicar una versión revisada del formulario I-485, ajustada al nuevo esquema. Las versiones anteriores del formulario, presentadas por correo o de forma electrónica a partir de la fecha de vigencia, ya no se van a aceptar.
Un poco de historia
Esta no es la primera vez que se endurece la prueba de carga pública.
Durante la primera administración Trump, DHS emitió en 2019 una regla amplia que exigía documentación financiera detallada a casi todos los solicitantes de ajuste de estatus.
Esa regla entró en vigor en febrero de 2020 y enfrentó una ola de demandas.
En marzo de 2021, la administración Biden decidió dejar de defenderla en los tribunales y la regla quedó sin efecto tras las decisiones judiciales en su contra.
Luego fue reemplazada por la regla de 2022, más limitada, que ahora se elimina.
Qué puedes hacer si estás por presentar tu solicitud
Si tienes pensado presentar el formulario I-485 antes del 18 de septiembre de 2026, tu caso se evaluará bajo el estándar actual, más limitado.
Si tu solicitud se va a presentar después de esa fecha, conviene prepararte con más documentación de la que exigía la regla anterior: comprobantes de ingresos, empleo, bienes y cualquier evidencia de que puedes mantenerte por tu cuenta sin depender de beneficios públicos.
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