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Trump extiende por 1 año la tarifa de $ 100.000 para ciertas visas H-1B

El gobierno de Estados Unidos extendió por 1 año más la orden que exige un pago de 100.000 dólares para ciertas peticiones de visas H-1B.

La medida original vencía el 21 de septiembre de 2026.

Ahora seguirá vigente hasta el 21 de septiembre de 2027.

Pero hay un dato clave para entender la noticia: por ahora, ese pago no se está cobrando.

Un tribunal federal lo bloqueó en julio, y esa decisión sigue vigente mientras el gobierno apela.

Te contamos qué extendió el gobierno, a quién le aplica el pago y qué dicen los tribunales sobre este caso.

Visas USA

¿Qué es la visa H-1B?

La H-1B es una clasificación de visa que permite a empresas en Estados Unidos contratar a profesionales extranjeros para trabajos que piden conocimientos especializados, como ingeniería, tecnología o ciencias.

La estadía con esta visa puede durar hasta 6 años.

Las empresas de tecnología son las que más la usan, sobre todo para contratar profesionales de India y China.

Qué extendió el gobierno

El presidente Donald Trump firmó una proclamación que extiende por 1 año más la restricción de entrada vinculada al pago de 100.000 dólares para ciertas peticiones H-1B.

La medida original se había fijado en septiembre de 2025.

El pago se aplica sobre todo a personas que están fuera de Estados Unidos y buscan entrar al país con una H-1B nueva.

Por lo general, no se aplica a quienes ya están en Estados Unidos y piden un cambio de estatus o una extensión de una H-1B vigente, porque en esos casos no hay una entrada al país de por medio.

También hay una excepción cuando el gobierno determina que contratar a esa persona responde al interés nacional.

Según cifras del propio gobierno, desde que empezó a cobrarse esta tarifa, las peticiones de las principales empresas de personal temporal y tercerización de tecnología cayeron de 24.946 a 2.055, una baja de 92 %.

Qué dicen los tribunales

Esta orden sigue en medio de una disputa legal, y hoy el pago no se está cobrando.

En junio de 2026, un juez federal de Massachusetts anuló la medida. Determinó que el gobierno no tenía autoridad para imponerla.

El gobierno apeló ante un tribunal de apelaciones con sede en Boston y pidió que se mantuviera el cobro mientras se resolvía la apelación.

El 24 de julio de 2026, ese tribunal le dijo que no. Desde entonces, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que no está cobrando el pago de 100.000 dólares.

Es decir que el gobierno extendió una medida que, por ahora, un tribunal le impide aplicar. La apelación sobre el fondo del caso sigue abierta.

Hay un segundo litigio distinto sobre el mismo tema. La Cámara de Comercio de Estados Unidos y una asociación de universidades también demandaron al gobierno, pero en un tribunal de Washington D. C. Ahí el fallo fue al revés: el tribunal le dio la razón al gobierno en diciembre de 2025, y ahora la Cámara apeló esa decisión.

Juicio

Una orden adicional sobre cómo se revisan las peticiones

Junto con la extensión, Trump firmó otra orden ejecutiva sobre cómo se revisan las peticiones H-1B.

Según esa orden, el Departamento de Estado (DOS), el Departamento del Trabajo (DOL) y el DHS tienen que tener en cuenta si una empresa despidió, o planea despedir, a trabajadores estadounidenses en puestos similares antes de aprobarle una nueva petición H-1B.

Estas agencias también van a coordinarse con el Departamento de Comercio, el Departamento de Educación y la Administración de Pequeños Negocios (SBA) para reunir información sobre salarios y condiciones de empleo en cada sector.

Qué sigue ahora

Por ahora, la tarifa de 100.000 dólares no se está cobrando, aunque la orden que lo exige sigue vigente en el papel hasta 2027.

Eso puede cambiar según lo que resuelvan los tribunales en los próximos meses.

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Gianfranco De Girolamo

Gianfranco De Girolamo

Exasesor de jueces de la corte de inmigración, Gianfranco De Girolamo obtuvo su título de abogado en la Facultad de Derecho de UCLA. También estudió en la Università Orientale Napoli y completó una maestría en la London School of Economics and Political Science. Es especialista certificado en leyes de inmigración por la Barra de Abogados de California y miembro del Colegio de Abogados del Estado de California. Ha sido conferencista en Harvard y desarrolló proyectos de inteligencia artificial aplicados a la inmigración en el MIT, combinando innovación tecnológica con su destacada experiencia legal.

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