Un juez federal de Boston anuló la tarifa de 100.000 dólares que el gobierno había impuesto a las nuevas peticiones de visa H-1B.
En un fallo del 8 de junio de 2026, el tribunal concluyó que ese cobro funcionaba en realidad como un impuesto que el Congreso nunca autorizó, de modo que el presidente carecía de la facultad para establecerlo.
Qué tarifa estaba en juego
Como te contamos en su momento, la tarifa entró en vigor en septiembre de 2025 mediante una proclamación presidencial.
Desde ese momento, los empleadores que querían contratar a un trabajador extranjero por la vía H-1B debían pagar 100.000 dólares por cada nueva petición.
Esta es una cifra muy por encima de los montos previos, que solían ubicarse entre unos 2.000 y 5.000 dólares según el caso.
El programa H-1B existe desde 1990 y permite que las empresas de Estados Unidos contraten a profesionales extranjeros para ocupaciones especializadas por un periodo de hasta seis años. Cada año se otorgan 65.000 visas, más otras 20.000 reservadas para quienes tienen títulos de posgrado.
Sectores como la tecnología, la medicina, la investigación y la educación dependen de esta vía para cubrir vacantes que exigen conocimientos muy específicos.
El argumento central de la decisión judicial
El punto clave fue determinar la naturaleza del cobro. El gobierno sostenía que se trataba de una restricción válida sobre el ingreso de extranjeros, amparada en las facultades que la ley migratoria da al presidente para limitar la entrada de ciertas personas.
Pero el tribunal no aceptó ese argumento. Según el fallo, el pago de 100.000 dólares no castigaba ninguna conducta ilegal, ya que contratar trabajadores mediante el programa H-1B es lícito. Por eso, el juez concluyó que el cobro era un impuesto, sin importar el nombre que se le diera.
La Constitución reserva al Congreso la facultad de crear impuestos. El tribunal recordó que el presidente solo puede ejercer ese poder cuando el Congreso se lo delega de forma clara, algo que no ocurrió aquí.
Fallas en la forma de aplicar la medida
El fallo también señaló problemas en el modo en que las agencias pusieron en marcha el cobro.
La ley federal exige que ciertos cambios pasen por un proceso de aviso y comentario público antes de entrar en vigor, y ese paso se omitió.
El tribunal agregó que la decisión fue arbitraria, porque no se dio una explicación razonada para un cobro tan elevado ni se consideró su efecto sobre hospitales, escuelas y universidades, que también recurren al programa para llenar puestos difíciles de cubrir.
Quiénes demandaron y qué sigue ahora
La demanda fue presentada por veinte estados, encabezados por California.
Pero el tribunal no limitó su decisión a los estados demandantes, sino que anuló la política por completo.
El gobierno ya anunció que apelará, y en un caso anterior en Washington otro juez había llegado a una conclusión distinta. Por eso es probable que el tema siga en disputa.
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