La ley SB 4 de Texas pretendía darle al estado un poder que históricamente perteneció al gobierno federal: arrestar, procesar y deportar a personas por entrar al país sin autorización.
Pero un día antes de que entrara en vigor, el juez federal David Alan Ezra bloqueó varias de sus partes más duras.
La decisión llegó después de una demanda colectiva presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Texas y el Texas Civil Rights Project.
El juez Ezra, nombrado en su momento por el presidente Ronald Reagan, dictó una orden judicial preliminar que frena cuatro provisiones centrales de la ley.
Qué provisiones quedaron bloqueadas
La primera es el delito de reingreso. Tal como estaba escrita la ley, una persona podía ser procesada por volver a entrar al país, aunque ya hubiera obtenido un estatus legal después, como una Green Card o aunque tuviera permiso federal para regresar. Esa parte queda en pausa.
La segunda es la facultad que la ley daba a los jueces magistrados de Texas para emitir órdenes de deportación.
Esos jueces no manejan derecho migratorio, y aun así la SB 4 los ponía a decidir sobre la remoción de personas. El juez Ezra consideró que eso choca de frente con la ley federal.
La tercera es el delito de no cumplir con la orden de remoción de un magistrado. Sin la autoridad del magistrado, este delito tampoco puede aplicarse.
La cuarta es la regla que obligaba a los magistrados a continuar el proceso penal aun cuando la persona tuviera un caso migratorio pendiente ante autoridades federales, como una solicitud de asilo o un trámite de ajuste de estatus.
Qué parte de la ley sí entró en vigor
La provisión que permite a la policía estatal y local de Texas arrestar a personas que sospechen de haber cruzado la frontera sur sin autorización entró en vigor el 15 de mayo.
Esta parte no era el centro de la demanda, pero los abogados que llevaron el caso advierten que tiene los mismos problemas constitucionales que las otras provisiones.
En la práctica, esto significa que la policía de Texas puede empezar a hacer arrestos por entrada ilegal, aunque por ahora no puede procesar el cargo más grave de reingreso ni ordenar deportaciones a través de jueces estatales.
El argumento del juez
Ezra expresó que la ley migratoria es competencia exclusiva del gobierno federal. En su orden de 78 páginas explicó que la SB 4 les da a funcionarios estatales el poder de hacer cumplir leyes federales sin supervisión federal, y que eso entra en conflicto con el sistema que el Congreso diseñó para que la regulación migratoria sea uniforme en los cincuenta estados.
También señaló que aceptar la SB 4 abriría la puerta para que cada estado tenga su propia versión de la ley migratoria. El resultado, según el juez, sería un mosaico de reglas distintas que el gobierno federal tendría que navegar estado por estado.
Por qué importa el factor de la Green Card y la visa U
Uno de los puntos más graves de la SB 4, tal como estaba redactada, es que no daba ninguna defensa a personas con estatus legal vigente.
Una persona residente permanente, con Green Card en mano, podía ser arrestada y procesada por haber entrado al país sin papeles en algún momento del pasado, aunque ese pasado fuera de décadas atrás.
Lo mismo aplicaba a personas con visa U aprobada, con permiso de trabajo federal, con asilo concedido o con cualquier otra forma de protección. La ley estatal no las distinguía.
Ese es uno de los problemas que los abogados pusieron sobre la mesa, y es uno de los motivos por los que el juez aceptó la orden judicial.
El antecedente del Quinto Circuito
Esta no es la primera vez que la SB 4 llega a los tribunales. Cuando se aprobó en 2023, varias organizaciones, el condado de El Paso y la administración del presidente Joe Biden la demandaron. El juez Ezra bloqueó la ley en aquel momento, y un panel del Quinto Circuito confirmó esa decisión.
Sin embargo, en abril el Quinto Circuito en pleno revisó el caso y revocó la orden, tal como te contamos hace poco. Esta decisión no fue por el fondo del asunto, sino porque se consideró que los demandantes no tenían legitimación procesal para presentar el reclamo. Eso le abrió la puerta a Texas para activar la ley el 15 de mayo.
La nueva demanda colectiva de la ACLU fue armada específicamente para resolver ese problema de legitimación. En vez de demandar en nombre de organizaciones o condados, demanda en nombre de personas concretas que podrían ser procesadas bajo la ley. Y al juez Ezra le pareció suficiente.
Qué sigue ahora
La orden de Ezra es preliminar, lo que significa que el caso sigue su curso. Texas casi con seguridad va a apelar ante el Quinto Circuito otra vez.
La oficina del procurador general Ken Paxton ha defendido la ley argumentando que el estado tiene un derecho soberano a proteger sus fronteras.
Qué hacer si vives en Texas y te preocupa esta ley
Si tienes Green Card, visa U aprobada, asilo, TPS, DACA o cualquier otra forma de estatus, lleva contigo la prueba de ese estatus.
Aunque la parte más dura de la ley está bloqueada, la policía de Texas puede arrestar a personas por sospecha de entrada ilegal a partir del 15 de mayo, y poder mostrar tus papeles puede evitar problemas en el momento del arresto.
Si tienes un caso migratorio pendiente, mantén copia de los recibos, las cartas de la corte de inmigración y cualquier documento que pruebe tu trámite activo.
Y si eres ciudadano estadounidense, ten presente que la ley no te aplica, pero los arrestos por perfil racial son una preocupación real que el propio juez mencionó en su orden.
Ante cualquier contacto con la policía de inmigración (ICE) o con la policía de Texas, tienes derecho a guardar silencio y a hablar con un abogado antes de firmar cualquier documento.
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