El máximo tribunal de los Estados Unidos acaba de permitir que el gobierno retome las deportaciones a terceros países.
La decisión se conoció el 29 de septiembre de 2026.
Apenas 11 días antes, una corte de apelaciones había confirmado los límites impuestos a esa política, como te contamos en su momento.
Entonces, ¿la Corte Suprema dijo que la política es legal? ¿O se trata de algo temporal?
Aquí te explicamos qué decidió y qué viene ahora.
Qué es una deportación a un tercer país
Las deportaciones a un tercer país se dan cuando el gobierno envía a una persona con una orden final de deportación a un país que no es el suyo.
Esto puede pasar, por ejemplo, cuando su país de origen no la acepta o cuando un juez de inmigración ya reconoció que corre peligro en su país de origen.
En ese último caso, la decisión del juez impide que la envíen a su país de origen. Pero no dice nada sobre si corre peligro en el tercer país al que el gobierno quiere enviarla.
El debate en este caso es si la persona tiene derecho a saber con anticipación a qué país la van a enviar, y a decir que teme ser perseguida o torturada en ese lugar antes de que la deporten.
Qué decidió la Corte Suprema
La Corte no se expidió sobre la cuestión de fondo. Es decir que no dijo si la política de deportaciones a terceros países es legal o no lo es.
Lo que sí hizo es:
- Suspender la decisión que el juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, había dictado en febrero de 2026. Esa decisión declaraba ilegal la directriz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre deportaciones a terceros países y exigía darles a las personas un aviso previo y una oportunidad real de plantear su miedo.
- Aceptar revisar el caso a fondo. Las partes presentarán sus argumentos en la sesión de diciembre de 2026, y la decisión final se espera para el año próximo.
Según la orden de la Corte, la suspensión de la decisión del juez Murphy sigue vigente hasta que dicte esa decisión final.
La orden no está firmada ni explica sus motivos, algo habitual en los pedidos de emergencia.
Solo aclara que tres de los nueve jueces (Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson) habrían rechazado el pedido del gobierno.
Qué preguntas va a responder la Corte
La Corte pidió que las partes se enfoquen en estos puntos:
- Si el juez de Massachusetts tenía competencia para analizar el reclamo de estas personas.
- Si podía dictar una decisión que alcanzara a todo el grupo de personas afectadas y dejar sin efecto la directriz de DHS.
- Si la directriz viola la ley de inmigración, el derecho al debido proceso (la garantía de un procedimiento justo) o las protecciones contra la tortura.
- Cualquier otra cuestión que el gobierno considere necesaria para resolver el caso.
Qué significa esto para ti
Esta orden no decide si la política es legal. Eso lo resolverá la Corte después de escuchar a las dos partes en diciembre.
Mientras tanto, DHS puede volver a aplicar su directriz, que aplica a personas que ya tienen una orden final de deportación.
Según esa directriz, si el Departamento de Estado considera creíbles las garantías dadas por el país de destino, DHS puede deportar a la persona sin necesidad de otros procedimientos.
Si no existen esas garantías, DHS debe avisarle a qué país la enviará.
Los oficiales no están obligados a preguntarle si tiene miedo de ir allí: la persona tiene que decirlo por su cuenta.
Si lo hace, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) realiza una entrevista para evaluar si tiene miedo de ir a ese país.
Por eso, si tienes una orden final de deportación, te avisan que te enviarán a un tercer país y tienes miedo de ser perseguido o torturado allí, debes decirlo de inmediato.
Comunícate también cuanto antes con un abogado de inmigración, porque los plazos en estos casos pueden ser muy cortos.