El 19 de mayo de 2026, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a los reguladores bancarios y a las agencias federales a examinar con mayor detenimiento el estatus migratorio de los clientes de las instituciones financieras en Estados Unidos.
La medida forma parte de la estrategia de la administración para reforzar el control migratorio, esta vez a través de las regulaciones bancarias.
A diferencia de lo que se anticipaba en informes previos, la orden no obliga a los bancos a recopilar información sobre la ciudadanía de sus clientes.
Se trata de una guía dirigida a los reguladores, no de una imposición directa sobre las instituciones financieras.
Veamos de qué se trata.
Qué dispone la orden
La orden encarga al Departamento del Tesoro la emisión, dentro de 60 días, de un aviso formal a los bancos en el que se identifiquen señales de alerta relacionadas con personas sin autorización de trabajo y sus empleadores.
Entre las prácticas que los bancos deberán vigilar se incluyen:
- Evasión de impuestos sobre la nómina por parte de empleadores.
- Uso de documentos de identidad extranjeros, cuentas a nombre de terceros o estructuras societarias para ocultar al verdadero titular de los fondos.
- Pagos de salarios fuera del sistema formal a través de servicios no registrados o plataformas de pago entre particulares.
- Retiros o depósitos repetitivos por montos bajos que coincidan con ciclos de pago de nómina.
- Indicios de tráfico laboral o trabajo forzado.
- Uso del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para abrir cuentas u obtener crédito sin estatus migratorio verificado.
La orden también instruye al Tesoro a proponer, dentro de 90 días, cambios a las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario para fortalecer los requisitos de debida diligencia sobre la identidad de los clientes.
Dentro de 180 días, los reguladores deberán evaluar modificaciones adicionales, con especial atención a los riesgos que representan las tarjetas consulares emitidas por gobiernos extranjeros.
Qué pasa con los créditos y préstamos
Un aspecto central de la orden se refiere a la capacidad de pago de quienes no tienen autorización de trabajo.
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) tendrá 60 días para considerar una aclaración: la posibilidad de deportación y la consecuente pérdida de ingresos podrán contemplarse como factores que afectan la capacidad de un prestatario para pagar un crédito.
En la práctica, esto significa que los bancos podrían volverse más cautelosos al otorgar hipotecas, préstamos para automóviles o tarjetas de crédito a personas sin estatus migratorio regular.
Cómo te afecta si no eres ciudadano
La orden no prohíbe abrir cuentas bancarias a personas sin ciudadanía estadounidense. Tampoco impide el uso del ITIN para fines bancarios.
Sin embargo, si abres una cuenta con un ITIN o con una identificación alternativa, el banco podría someter tu solicitud a una revisión más estricta. En ciertos casos, podría rechazarla si detecta señales que considere de riesgo.
Quienes ya tienen cuentas activas, hipotecas o tarjetas de crédito no enfrentan un cierre automático por esta orden.
No obstante, conviene mantener la documentación financiera ordenada y estar pendiente de cualquier solicitud de información adicional que pueda surgir por parte de tu banco en los próximos meses.
Recordemos que esta orden no es una ley. Se trata de una directriz que indica a las agencias federales cómo interpretar y aplicar regulaciones existentes. Los cambios concretos van a depender de los reglamentos que se emitan dentro de los plazos fijados.
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