Tener una Green Card no garantiza que un viaje al extranjero termine sin sobresaltos.
Si al regresar enfrentas cargos penales pendientes, un oficial fronterizo puede negarte la entrada como residente ya admitido y tratarte como si estuvieras solicitando ingresar, incluso antes de que exista una condena.
Eso fue lo que la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió el 23 de junio de 2026 en el caso “Blanche v. Lau”.
Los hechos del caso
Muk Choi Lau, ciudadano chino, obtuvo su Green Card en 2007. En 2012, el estado de New Jersey lo acusó de falsificación de marcas registradas.
Mientras esperaba el juicio, salió temporalmente de los Estados Unidos y viajó a China. Al volver e intentar reingresar por el aeropuerto, un oficial fronterizo no lo trató como ya admitido, sino que lo dejó entrar bajo “parole” (un permiso para entrar al país sin ser admitido formalmente) hasta que se resolviera su caso penal.
En 2013, Lau se declaró culpable. A partir de esa condena, el gobierno inició un proceso de remoción y lo acusó de ser inadmisible por haber cometido un delito que implica vileza moral (“moral turpitude”).
Lau respondió que el oficial lo había clasificado mal al volver del viaje y que debió considerarse ya admitido, lo que habría obligado al gobierno a usar el proceso de deportación y no el de inadmisibilidad.
Qué decidió la Corte
Por regla general, un residente permanente que regresa de un viaje corto se considera ya admitido y no tiene que solicitar admisión de nuevo.
La ley contempla excepciones, y una de ellas aplica cuando la persona “ha cometido” ciertos delitos, entre ellos los que implican vileza moral. En esos casos, el gobierno puede tratar al residente como alguien que “busca admisión”.
La pregunta del caso era cuánta evidencia necesita el oficial fronterizo para aplicar esa excepción. El Segundo Circuito había exigido evidencia “clara y convincente” de que el delito se cometió, en el momento mismo del reingreso.
La Corte Suprema rechazó ese requisito.
En la opinión mayoritaria, escrita por el juez Clarence Thomas, se sostuvo que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no impone esa carga sobre el oficial fronterizo.
Según la mayoría, sacar del país a un residente por inadmisibilidad pasa por dos etapas con exigencias distintas.
En la primera se define solo el estatus de la persona: para tratarla como solicitante de admisión alcanza con que haya cometido el delito, sin que se exija una condena en ese momento.
En la segunda, ya con ese estatus, se decide si la persona es inadmisible, y para eso sí se necesita una condena o una admisión de culpabilidad.
Con esa lógica, la Corte concluyó que el gobierno cumplió con su carga en la audiencia de remoción, donde la declaración de culpabilidad de Lau, dictada después de su reingreso, sirvió como prueba de que ya había cometido el delito antes de viajar.
La Corte no decidió si el delito de Lau realmente implica vileza moral y devolvió ese punto al Segundo Circuito para que lo analice.
El voto en contra
La jueza Ketanji Brown Jackson, acompañada por las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan, estuvo en desacuerdo.
En su opinión, el texto de la ley exige que el gobierno determine en la frontera, y no después, si aplica alguna de las excepciones antes de quitarle a un residente su condición de ya admitido.
Advirtió que tratar a una persona como “solicitante de admisión” no es algo menor, porque puede llevar a su detención o a quedar bajo “parole”, a la confiscación de la Green Card física y a un cambio en quién carga con la prueba durante el proceso.
Qué significa esto en la práctica
Para quienes tienen una Green Card, esta decisión tiene un efecto concreto al viajar.
Si regresas al país con cargos penales pendientes, un oficial fronterizo puede tratarte como solicitante de admisión y dejarte entrar bajo “parole”, aun antes de que exista una condena.
Esa clasificación trae consecuencias. La persona puede perder la posesión de su Green Card física y recibir en su lugar un documento temporal.
Con ese estatus puede resultar más difícil trabajar, abrir una cuenta bancaria, conseguir vivienda, obtener seguro médico o inscribirse en estudios.
Además, en un proceso de inadmisibilidad la carga de demostrar que la persona puede ser admitida recae sobre ella. Mientras que en un proceso de deportación es el gobierno quien debe probar que corresponde expulsarla.
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