El 5 de junio de 2026, un tribunal del distrito de Rhode Island anuló cuatro políticas migratorias que durante meses paralizaron la tramitación de beneficios para personas originarias de 39 países.
El fallo, dictado por el juez John J. McConnell Jr., declaró que esas medidas eran ilegales y las dejó sin efecto a nivel nacional.
El caso se conoce como “Dorcas International Institute of Rhode Island v. USCIS”. Fue presentado en marzo de 2026 por una coalición de organizaciones que prestan servicios a comunidades migrantes y por varios sindicatos.
Los demandantes sostuvieron que el gobierno había excedido su autoridad y había creado un sistema que, en la práctica, trataba de forma distinta a las personas según su país de nacimiento.
Veamos de qué se trata.
Qué políticas quedaron sin efecto
El tribunal anuló cuatro medidas que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) había implementado a través de varios memorandos internos.
La primera congelaba de forma indefinida la adjudicación de casi todos los beneficios migratorios, incluidos los permisos de trabajo, las Green Cards, el ajuste de estatus y la naturalización, para las personas de los 39 países alcanzados por las restricciones de viaje.
La segunda detenía la tramitación de todas las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, sin importar el país de origen de la persona.
La tercera obligaba a USCIS a volver a revisar beneficios que ya habían sido aprobados, en el caso de personas de esos países que habían ingresado a partir del 20 de enero de 2021.
La cuarta modificaba el manual de políticas de USCIS para indicarles a los funcionarios que el país de origen debía pesar como un factor negativo importante al momento de decidir un trámite.
Cómo se llegó a esta situación
Las políticas tienen su origen en una serie de proclamas presidenciales.
En junio de 2025 se restringió la entrada de personas de 19 países, y en diciembre de ese año la lista se amplió a 39.
A partir de esas restricciones, USCIS emitió dos memorandos, uno el 2 de diciembre de 2025 y otro el 1 de enero de 2026, que extendieron la suspensión a la totalidad de esos países y sumaron una pausa nacional para los casos de asilo.
El gobierno presentó las medidas como parte de un proceso de seguridad nacional y verificación, y señaló que se mantendrían hasta que una directiva posterior las levantara. Las restricciones se anunciaron después de un tiroteo ocurrido en noviembre de 2025 en Washington D. C.
El resultado práctico fue que muchas personas que habían presentado sus trámites de forma correcta, pagado las tarifas, completado la toma de datos biométricos y asistido a sus entrevistas se quedaron esperando durante meses sin recibir una decisión.
En varios casos perdieron su permiso de trabajo, su empleo y su estatus legal mientras sus expedientes seguían detenidos.
En qué se basó el fallo
El tribunal fundamentó su decisión en la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés).
Prefirió no pronunciarse sobre los planteos constitucionales, siguiendo el principio de evitar resolver ese tipo de cuestiones cuando no es necesario.
Según el fallo, USCIS:
- se atribuyó una facultad que la ley no le otorga;
- no dio una explicación razonada tal como exige la norma;
- ignoró el perjuicio que las medidas causaban a quienes ya habían iniciado sus trámites, y
- usó la seguridad nacional como pretexto.
El juez señaló que la situación de las personas afectadas no respondía a nada que ellas hubieran hecho mal, sino tan solo al lugar donde habían nacido.
A quiénes alcanza la decisión
La medida tiene un efecto amplio.
A diferencia de otras decisiones previas en distintos distritos, que en general beneficiaban solo a las personas nombradas en cada caso, aquí el tribunal anuló las políticas en sí mismas.
Eso significa que el alcance llega a personas de todo el país y no solo a quienes presentaron la demanda.
Un informe de marzo estimó que había más de 1,2 millones de solicitudes congeladas correspondientes a personas de Cuba, Haití y Venezuela, sobre un total cercano a los 2 millones de trámites detenidos.
Muchas de esas personas ya residían en Estados Unidos y, por la falta de definición, no podían trabajar ni planificar su futuro.
Qué puede pasar ahora
La decisión deja al gobierno con varias opciones.
La más esperada en el corto plazo es una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.
El gobierno también podría pedir que se suspenda el efecto del fallo mientras dura la apelación, lo que definiría qué ocurre con los trámites pendientes durante ese período.
Otra posibilidad es que USCIS intente volver a dictar una política parecida, esta vez con una justificación más desarrollada.
Antes del fallo, la agencia ya había comenzado a levantar algunas pausas de manera selectiva.
Por ahora, las cuatro políticas quedaron anuladas, aunque el panorama todavía puede cambiar según los próximos pasos del gobierno.
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