Una mujer de Ecuador llegó a Estados Unidos en 2021 con sus hijas menores. Como tantos inmigrantes, necesitaba ayuda para pedir asilo e intentó manejar la situación sola en un país nuevo.
Alguien de la comunidad le recomendó a un hombre llamado Jerez, conocido en el barrio como alguien que “sabe de inmigración”. Ella le pagó $ 6.000 para que preparara su solicitud de asilo, tramitara su permiso de trabajo y la representara en la corte.
Pero resulta que Jerez no era abogado.
Sigue leyendo para saber qué pasó en este caso y qué podemos aprender de él.
Lo que pasó en la corte
El día de su audiencia individual, Jerez no apareció. Le dijo que no podía ir por un problema familiar. La mujer tuvo que enfrentar sola al juez de inmigración, sin preparación y sin representación. El juez negó su solicitud de asilo.
Después de esa derrota, Jerez le dijo que podía apelar la decisión y que la apelación tenía buenas chances de salir bien. Ella le pagó $ 2.000 más. Meses después, cuando le preguntaba cómo iba el caso, él le decía que seguía pendiente.
En febrero de 2025, casi dos años después, la mujer consultó a un abogado real sobre otra gestión para sus hijas. Fue ahí cuando se enteró de la verdad: Jerez nunca había presentado ningún escrito de apelación. La apelación había sido desestimada en octubre de 2023 por falta de argumentos. Ella había perdido su caso sin saberlo, mientras seguía pagando y esperando.
Qué es una moción para reabrir y por qué importa aquí
Cuando la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) toma una decisión final en un caso, se puede presentar lo que se llama una “moción para reabrir” el caso. Es, básicamente, un pedido formal para que la corte vuelva a mirar la situación con información nueva.
Ese pedido tiene un plazo muy estricto: hay que presentarlo dentro de los 90 días desde que la corte tomó su decisión final. Si ese plazo vence, reabrir el caso se vuelve muy difícil. Solo en situaciones muy específicas, como cuando el propio abogado cometió errores graves, se puede pedir una excepción a ese plazo.
En este caso, la decisión final de la BIA fue en octubre de 2023. La mujer recién se enteró de lo que había pasado en febrero de 2025, más de un año después. Su nuevo abogado presentó la moción para reabrir en mayo de 2025, muy fuera de plazo. Para justificar ese retraso, argumentó que Jerez le había dado una ayuda legal tan deficiente que equivalía a no haber tenido representación.
Por qué el argumento no funcionó
La BIA analizó el caso y llegó a una conclusión que vale la pena entender bien: para alegar que un abogado actuó mal y usarlo como justificación para reabrir un caso fuera de plazo, primero hay que demostrar que esa persona efectivamente era abogado o que al menos se presentaba como tal.
En este caso, había un problema de fondo. La propia mujer había declarado ante el juez, el mismo día en que se presentaron sus documentos preparados por Jerez, que no tenía abogado. Eso contradecía su argumento de que ella creía que Jerez era su representante legal. La corte también señaló que en ningún momento del proceso quedó registrado que Jerez se hubiera presentado como abogado ante la corte.
Dado que Jerez no era abogado y no había evidencia sólida de que se hiciera pasar por uno, la BIA determinó que no se podía usar la figura de “asistencia legal deficiente” para justificar el retraso. Y sin esa justificación, la moción estaba fuera de plazo. El caso quedó cerrado.
El problema de fondo
Este caso no es una excepción. En muchas comunidades latinas en Estados Unidos existe una figura que genera confusión: personas que se presentan como “consultores de inmigración”, “notarios” o simplemente como alguien que “conoce el sistema” y cobra por ayudar con trámites migratorios. A veces tienen algún conocimiento práctico. A veces no tienen nada, solo la confianza de quien los contrata.
El problema es que el derecho migratorio en Estados Unidos es uno de los más complejos del sistema legal del país. Una solicitud de asilo mal preparada, un plazo que se vence, un formulario con un error o una audiencia a la que no se llega pueden cerrar puertas para siempre. Y cuando la persona que cometió esos errores no era abogada, recuperar lo perdido se vuelve casi imposible.
La ley estadounidense permite que solo dos tipos de profesionales den asesoría legal en temas de inmigración: abogados con licencia activa en algún estado del país, y representantes acreditados que trabajan para organizaciones reconocidas por el Departamento de Justicia. Cualquier otra persona que cobre por ese tipo de ayuda está ejerciendo la abogacía sin licencia, lo cual es ilegal.
Para saber más sobre este tema, te recomendamos leer:
- “Notario público vs. ‘notary public’: diferencias que todo inmigrante debe conocer“
- “3 estafas de inmigración que debes evitar“
Cómo verificar si quien te ayuda está habilitado
Antes de contratar a alguien para un trámite migratorio, hay pasos concretos que se pueden dar. El primero es pedir el número de licencia de abogado y el estado en que está registrado. Con esos datos, se puede verificar en el sitio web del colegio de abogados de ese estado si la licencia está activa y si tiene sanciones.
La American Bar Association tiene un buscador en línea que permite acceder a los directorios de todos los estados. Si la persona se niega a dar esa información, o no puede darla, esa sola respuesta ya dice todo lo que hay que saber. Un abogado real no tiene ningún problema en mostrar su licencia. Al contrario.
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