El gobierno de Estados Unidos acaba de proponer una tarifa de más de 100.000 dólares para las empresas que piden visas H-1B.
Si estás pensando “pero si esto yo ya lo escuché”, tienes razón.
A mediados de año, un juez anuló una tarifa casi idéntica.
Entonces surge la duda: ¿esta nueva medida es la misma de antes con otro nombre o cambiaron algo de fondo para que esta vez sea legal?
Veámoslo.
¿Qué es la H-1B?
Es una visa que permite a las empresas contratar trabajadores extranjeros para puestos que piden conocimientos especializados, por hasta 6 años.
Cada año se otorgan 65.000 visas, más 20.000 para quienes tienen un posgrado en Estados Unidos.
Antes de la tarifa del año pasado, una petición H-1B costaba entre 2.000 y 5.000 dólares.
La nueva propuesta de DHS
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la propuesta el 25 de agosto de 2026.
La publicó en el Registro Federal, el medio oficial que usa el gobierno de Estados Unidos para anunciar sus normas.
La idea es cobrar 103.265 dólares por cada petición H-1B dentro del cupo anual. Esto incluye a los profesionales con maestría o estudios más avanzados.
La tarifa se pagaría al momento de presentar la petición. Se sumaría a los costos que ya existen, no los reemplazaría.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el objetivo es recuperar parte de los gastos que el gobierno destina a revisar y controlar el sistema de inmigración legal. De lo contrario, esos gastos saldrían de impuestos generales.
La propuesta no alcanza a todas las peticiones H-1B. Quedarían afuera las que presentan universidades y organizaciones de investigación, porque esas peticiones no entran en el cupo anual. Tampoco se aplicaría a quienes ya tienen visa de estudiante en el país ni a las renovaciones de una H-1B vigente.
Qué pasó con la tarifa anterior
En septiembre de 2025, el presidente Donald Trump fijó un cobro de 100.000 dólares para las peticiones H-1B.
Lo hizo a través de una proclama presidencial, usando su facultad para restringir el ingreso de ciertos extranjeros al país.
Veinte estados, encabezados por California, cuestionaron esa medida ante los tribunales.
En junio de 2026, un juez federal de Massachusetts les dio la razón a los estados. El juez determinó que ese cobro funcionaba como un impuesto. Y solo el Congreso puede crear impuestos, no el presidente.
También señaló que el gobierno se saltó un paso obligatorio: antes de aplicar un cambio así, tiene que abrir un período de comentarios públicos.
El juez agregó, además, que no se tuvo en cuenta el efecto sobre hospitales, universidades y otras instituciones que también usan el programa.
La decisión anuló la tarifa por completo, no solo para los estados que demandaron.
El gobierno apeló la decisión y esa apelación todavía sigue en trámite. Sin embargo, un tribunal de apelaciones rechazó la solicitud del gobierno de suspender la decisión mientras continúa el caso, por lo que la anulación se encuentra vigente.
Además, la proclamación original establecía que la restricción expiraría el 21 de septiembre de 2026, salvo que fuera extendida.
En qué se diferencia la nueva tarifa
La propuesta de esta semana no es la misma tarifa con otro nombre.
Cambia en tres puntos:
1. Quién tiene autoridad para cobrarla
La tarifa anterior se apoyaba en un poder del presidente: restringir el ingreso de extranjeros al país.
La nueva se apoya en una ley distinta, que le da al gobierno la facultad de cobrar tarifas para cubrir el costo de tramitar peticiones migratorias.
2. Cómo se aprueba
La tarifa de 2025 se aplicó de forma directa, sin pasar por un período de comentarios públicos.
La de ahora sí pasa por ese proceso. Cualquier persona u organización puede opinar hasta el 24 de septiembre de 2026.
3. Cómo se calculó el monto
Los 100.000 dólares no tenían un cálculo detrás.
Los 103.265 dólares sí lo tienen. El gobierno dice que necesita recuperar 8.777 millones de dólares en costos, y dividió esa cifra entre las 85.000 peticiones H-1B que espera recibir cada año.
Qué sigue ahora
Por ahora, esto es solo una propuesta. Todavía no está en vigor.
El período de comentarios sigue abierto hasta el 24 de septiembre de 2026. Después, el gobierno tiene que revisar esos comentarios antes de publicar una versión definitiva. Eso podría pasar antes de fin de año.
Mientras tanto, la apelación sobre la tarifa anterior sigue en la Justicia. Y no se descarta que esta nueva propuesta también termine en los tribunales.
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