Un juez federal detuvo una serie de cambios que el gobierno de Trump quería aplicar al sistema de apelaciones migratorias.
La decisión llegó el domingo 8 de marzo por la noche, horas antes de que los cambios entraran en vigor el lunes 9.
¿Qué iba a cambiar?
El gobierno quería modificar cómo funciona el proceso para apelar una decisión de un juez de inmigración.
Actualmente, una persona tiene 30 días para presentar su apelación. Con los nuevos cambios, ese plazo se habría reducido a solo 10 días.
Pero lo más importante era esto: si nadie del tribunal de apelaciones (conocido como la Junta de Apelaciones de Inmigración, o BIA por sus siglas en inglés) tomaba la iniciativa de revisar el caso en esos 10 días, la apelación quedaba rechazada automáticamente. Sin revisión. Sin oportunidad de defenderse.
El gobierno decía que estos cambios eran necesarios porque hay más de 200.000 casos acumulados esperando revisión en la BIA, una cifra que ha crecido mucho en los últimos años.
¿Por qué el juez los detuvo?
El juez Randolph Moss, del Tribunal Federal de Washington D. C., explicó que el gobierno no siguió el proceso correcto para hacer este tipo de cambios.
Según la ley, antes de aplicar nuevas reglas de este tipo, el gobierno tiene que anunciarlas públicamente y dar tiempo para que la gente (abogados, organizaciones, el público en general) pueda dar su opinión.
En este caso, el gobierno saltó ese paso. El juez señaló que cambios tan grandes, que afectan los derechos de decenas de miles de personas, no pueden aplicarse de un día para el otro sin ese proceso de consulta.
Hay que aclarar que la decisión del juez no cierra definitivamente la puerta: el gobierno podría volver a intentarlo, pero esta vez siguiendo los pasos correctos.
¿Qué significa esto para los inmigrantes?
Por ahora, el sistema de apelaciones sigue funcionando como antes. Quienes necesiten apelar una decisión de un juez de inmigración todavía tienen 30 días para hacerlo, y sus casos serán revisados de la misma forma que hasta ahora.
Organizaciones que ayudan a inmigrantes celebraron la decisión. Dijeron que estos cambios habrían hecho casi imposible para muchas personas obtener una revisión real de su caso, sobre todo para quienes no tienen abogado o viven en lugares donde el acceso a asesoría legal es limitado.
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