La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Trump a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a más de 300.000 venezolanos.
Con esta medida, muchas personas que habían podido vivir y trabajar legalmente en el país gracias a este programa podrían quedar expuestas a procesos de deportación.
Esta decisión puede afectar a más de 300 mil venezolanos en Estados Unidos.
En este artículo te contamos qué decidió la Corte Suprema, qué impacto podría tener esta decisión en la comunidad venezolana y qué opciones existen para quienes se vean afectados.
Qué es el TPS y cómo funciona
El TPS es un estatus legal temporal que impide la deportación.
Gracias al TPS, personas de países que enfrentan situaciones graves como desastres naturales, conflictos armados o crisis humanitarias, pueden quedarse en Estados Unidos y trabajar de forma legal.
El programa fue creado por el Congreso en 1990 para evitar que personas fueran deportadas a países que atraviesan situaciones peligrosas.
El secretario de Seguridad Nacional es quien hace la designación al TPS, es decir, quien decide que los ciudadanos de tal o cual país específico pueden acogerse al programa.
Cuando un país es designado al TPS, esa protección se da por períodos de 18 meses que pueden renovarse.
Qué pasó con el TPS de Venezuela
Como te fuimos contando en artículos anteriores, el gobierno de Joe Biden había dado el TPS a venezolanos en 2021 y lo renovó en 2023.
En enero de 2025, justo antes de que Trump asumiera la presidencia, Biden extendió esta protección hasta octubre de 2026.
Sin embargo, cuando Trump llegó al poder, su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió terminar tanto la designación de 2023 como la extensión de 2025.
La batalla legal en las cortes
Un grupo de venezolanos con TPS presentó una demanda en una corte federal en San Francisco.
El juez Edward Chen decidió en marzo que la forma en que Noem quería acabar con el TPS era ilegal y que se hacía con demasiada prisa y sin seguir los procedimientos correctos.
El juez Chen señaló en su decisión que el Departamento de Seguridad Nacional de una manera sin precedentes para terminar el TPS de Venezuela. Dijo que el gobierno tomó la decisión primero y luego buscó justificaciones legales para apoyarla.
La primera intervención de la Corte Suprema
En mayo, la Corte Suprema ya había intervenido una primera vez en este caso y había pausado la orden del juez Chen.
Después de eso, el juez emitió una decisión final en septiembre donde confirmó que el gobierno había actuado de forma ilegal al terminar el TPS.
La administración Trump volvió a pedir a la Corte Suprema que interviniera, y eso fue lo que pasó este viernes pasado.
La decisión del viernes
Con una votación de seis votos a favor y tres en contra, los jueces de la Corte Suprema le dieron la razón al gobierno de Trump para terminar el programa de TPS de 2023 que beneficia a ciudadanos venezolanos.
La decisión de la Corte Suprema es breve. Básicamente dice que, aunque la situación legal del caso cambió desde mayo, los argumentos de las partes y los daños que podrían causar siguen siendo los mismos. Por eso aplicaron el mismo resultado que ya habían dado en mayo.
Los votos en contra
Los tres jueces que votaron en contra fueron las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Jackson escribió una opinión donde expresó su desacuerdo con la forma en que la Corte está manejando estos casos de emergencia. Dijo que la Corte está permitiendo que el gobierno “altere tantas vidas como sea posible, lo más rápido posible” sin dar una explicación completa de su decisión.
Qué significa esta decisión para los venezolanos
Es importante entender que esta decisión de la Corte Suprema no es definitiva.
Es una medida temporal que durará mientras el caso continúa en las cortes inferiores.
Esto significa que mientras el juicio sigue su curso, el TPS 2023 de Venezuela no estará en vigor. Los venezolanos afectados podrían ser deportados si no tienen otro estatus migratorio legal en Estados Unidos.
Opciones para los venezolanos afectados
Los venezolanos que pierdan el TPS podrían buscar otras formas de protección legal.
Una opción es pedir asilo si pueden demostrar que enfrentan persecución en su país por razones como su opinión política, religión, raza, nacionalidad o pertenencia a un grupo social.
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