Una jueza federal en Maryland acaba de frenar el último intento del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento.
Si te preguntas si se trata de la misma orden que la Corte Suprema rechazó hace dos meses, no lo es.
Es una nueva orden, firmada en agosto, con reglas distintas.
Pero según la jueza, tiene el mismo problema de fondo: casi seguro que es inconstitucional (al menos para el grupo de niños protegidos por este caso).
Qué es la ciudadanía por nacimiento
La ciudadanía por nacimiento es el principio legal según el cual una persona se convierte en ciudadana del país donde nace, más allá del estatus migratorio de sus padres.
También se conoce como “jus soli”, o derecho de suelo, y lo aplican distintos países del continente americano, no solo Estados Unidos.
En Estados Unidos, este principio surge de la Enmienda 14 de la Constitución. Allí se establece que toda persona nacida en el país y sujeta a su jurisdicción es ciudadana estadounidense.
A lo largo de la historia, los tribunales reconocieron solo un par de excepciones muy acotadas: los hijos de determinados diplomáticos extranjeros y, en otro momento, los hijos de miembros de ciertas tribus indígenas que no estaban sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos.
Es justamente el alcance de esta cláusula lo que las órdenes ejecutivas de Trump buscan redefinir.
Un segundo intento después de perder en la Corte Suprema
El 20 de enero de 2025, el mismo día que asumió su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva para negarles la ciudadanía automática a los hijos de padres sin un estatus migratorio legal o con visas temporales.
Esa orden quedó frenada casi de inmediato por tribunales federales.
En junio de 2026, la Corte Suprema resolvió el caso conocido como “Trump v. Barbara“. Allí rechazó el intento de Trump de negarles la ciudadanía a esos niños: confirmó que son ciudadanos estadounidenses desde que nacen, tal como lo indica la Enmienda 14.
Qué establece la orden de agosto
Un mes después de esa derrota judicial, el 6 de agosto de 2026, Trump firmó dos órdenes ejecutivas sobre ciudadanía por nacimiento.
El gobierno presentó estas medidas como parte de su estrategia contra el llamado “turismo de nacimiento”: personas que viajarían a Estados Unidos con el único fin de que sus hijos nazcan ciudadanos.
Una de las órdenes de Trump instruye a las autoridades a negar o revocar visas a personas que viajen a Estados Unidos con el único fin de dar a luz allí. Esa orden no es la que bloqueó la jueza Boardman.
La otra orden, que sí es la que está en el centro de este fallo, dispone que las agencias federales no reconozcan la ciudadanía de los hijos de personas que:
- Sean consideradas “enemigos extranjeros” por el gobierno de Estados Unidos, una categoría que incluye tanto a integrantes de organizaciones terroristas designadas como a personas señaladas individualmente como terroristas.
- Trabajen para un gobierno extranjero, una embajada o un consulado, o para un organismo internacional cuyos empleados tienen inmunidad según el derecho internacional, como la ONU o el Banco Mundial.
- Hayan pagado para asegurarse de que la madre esté en Estados Unidos al momento de dar a luz, de forma directa o mediante un vientre subrogado, o hayan participado en algún fraude para obtener la ciudadanía del niño.
La orden también alcanza a los niños que nazcan en un territorio o en aguas territoriales de Estados Unidos donde la ciudadanía no se otorga por ley federal.
Qué decidió la jueza Boardman
El 2 de septiembre, la jueza federal Deborah Boardman, del tribunal de distrito de Maryland, bloqueó de forma preliminar la aplicación de esta orden.
La demanda fue presentada por las organizaciones CASA y Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), junto con varias familias inmigrantes que forman parte del caso desde 2025.
En su fallo, de 35 páginas, Boardman escribió que la nueva orden “es casi con certeza inconstitucional” tal como se aplica al grupo de niños ya protegidos por la decisión de la Corte Suprema en “Barbara”.
Según la jueza, ese fallo ya resolvió que esos niños son ciudadanos desde que nacen, y ninguna orden ejecutiva puede cambiar eso.
El bloqueo alcanza a un grupo específico de niños, que en el litigio se conoce como “la clase certificada”: los nacidos en Estados Unidos a partir del 19 de febrero de 2025, cuya madre no tenía un estatus migratorio legal, o tenía una presencia legal pero temporal, y cuyo padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente al momento del nacimiento.
Mientras el bloqueo esté vigente, las agencias federales que forman parte de la demanda (entre ellas el Departamento de Estado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración y la Administración del Seguro Social) no pueden aplicar la nueva orden a estos niños ni negarles documentos que reconozcan su ciudadanía con base en ella.
El fallo no alcanza a la categoría sobre los territorios de Estados Unidos, ni impide que las agencias del gobierno preparen la guía de implementación que la orden exige dentro de 30 días. Pero aunque esa guía se publique, tampoco podrá aplicarse contra los niños que protege el bloqueo.
Un fallo preliminar, no una decisión final
Este bloqueo es una medida preliminar, mientras el caso sigue su curso en la corte.
El gobierno ya señaló que evalúa apelar la decisión y, de ser necesario, seguir disputando el caso hasta la Corte Suprema, como ocurrió con la orden de 2025.
Por ahora, para los niños incluidos en la clase certificada, la ciudadanía sigue reconocida sin cambios, tal como lo estableció la Corte Suprema en junio.
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