Un tribunal federal de apelaciones autorizó a Texas a aplicar una ley estatal de 2023 que permite a la policía estatal y local arrestar a personas sospechosas de haber entrado al país sin autorización por la frontera con México.
La decisión, dictada el 24 de abril de 2026 por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, levantó la orden judicial que mantenía bloqueada la medida desde 2024.
En este artículo te contamos qué establece la ley SB 4, por qué el tribunal permitió que entre en vigor, qué significa que los demandantes no tuvieran legitimación para demandar, cómo fue el recorrido judicial del caso y cuáles podrían ser sus efectos a futuro.
Qué establece la ley SB 4
La ley SB 4 de Texas, firmada por el gobernador Greg Abbott en diciembre de 2023, crea dos delitos a nivel estatal:
- El primero penaliza el ingreso a Texas desde un país extranjero por cualquier punto que no sea un puerto de entrada legal.
- El segundo se aplica a quienes reingresan al estado tras haber sido deportados o tras haberles negado la admisión a Estados Unidos.
La ley también permite a jueces estatales y magistrados ordenar que la persona acusada regrese al país desde el cual ingresó.
Si la persona acepta esa orden, los cargos penales pueden retirarse.
Quienes se nieguen a cumplir podrían enfrentar penas de prisión de hasta 20 años.
Hasta ahora, la aplicación de la ley migratoria ha estado en manos exclusivas del gobierno federal, en particular de la Patrulla Fronteriza.
La ley SB 4 traslada parte de esa función a las autoridades estatales y locales en todo Texas.
La decisión del Quinto Circuito
El fallo se dio por una votación de 10 a 7.
La mayoría no se pronunció sobre el fondo de la ley, es decir, no resolvió si la ley SB 4 invade competencias federales.
En cambio, concluyó que las organizaciones que presentaron la demanda no tenían legitimación para llevar el caso a juicio. La legitimación para demandar es el requisito que exige que quien inicia un juicio sea la persona directamente afectada (o legalmente autorizada) para reclamar ese derecho ante la Justicia.
Los demandantes son Las Americas Immigrant Advocacy Center, American Gateways y el condado de El Paso.
La corte sostuvo que el hecho de que estas organizaciones hayan asumido costos para representar a personas afectadas por la ley no basta, según precedentes recientes de la Corte Suprema, para otorgarles legitimación procesal.
El juez Jerry Smith, autor de la opinión mayoritaria, escribió que cuando los demandantes presentan un reclamo general como si fuera un perjuicio propio, los tribunales deben actuar con cautela.
Siete jueces emitieron votos en disidencia. Entre ellos, la jueza Priscilla Richman, designada por el expresidente George W. Bush, sostuvo que, según el precedente fijado por la Corte Suprema en “Arizona vs. Estados Unidos” en 2012, la ley federal desplaza a la estatal en materia migratoria, y que Texas no puede establecer su propio régimen migratorio.
Recorrido judicial del caso
La administración Biden fue la primera en demandar a Texas por la ley SB 4, al considerar que la ley era inconstitucional.
En febrero de 2024, un juez federal de distrito dictó una orden preliminar que impedía la entrada en vigor de la medida.
El caso llegó brevemente a la Corte Suprema, que permitió la aplicación de la ley por unas horas antes de que el Quinto Circuito la suspendiera nuevamente.
En julio de 2025, un panel de tres jueces del mismo tribunal mantuvo la suspensión. Consideró que la ley estatal interfería con la facultad federal de aplicar las normas migratorias.
Tras la asunción del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia retiró al gobierno federal del litigio en 2025.
Las organizaciones de defensa de inmigrantes y el condado de El Paso continuaron el caso por su cuenta hasta el fallo de abril de 2026.
Cuándo entra en vigor
Según el fallo, la decisión surte efecto el 15 de mayo de 2026. Las organizaciones demandantes anunciaron que apelarán.
Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, declaró que la disputa legal continuará.
Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, calificó el fallo como un revés, pero dijo que mantendrán la impugnación de la ley.
Nicolas Palazzo, director de servicios legales de Las Americas Immigrant Advocacy Center, remarcó que el tribunal evitó pronunciarse sobre la cuestión central de la constitucionalidad de la ley SB 4.
Posiciones del estado de Texas
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la decisión y la calificó como un avance para la seguridad pública.
El representante estatal David Spiller, autor de la ley, sostuvo que s compatible con el precedente de “Arizona vs. Estados Unidos” y que el estado tiene autoridad para aplicar sus disposiciones sobre entrada y reentrada irregulares.
El juez James Ho, en una opinión concurrente, señaló que las cuestiones políticas vinculadas a la migración corresponden a los funcionarios electos y no a los jueces.
Posibles efectos a futuro
Es probable que el caso vuelva a la Corte Suprema.
Si eso ocurre, el tribunal podría reexaminar el fallo de 2012 en “Arizona vs. Estados Unidos”, que estableció el alcance de la autoridad federal para fijar la política migratoria.
El resultado también podría influir en iniciativas similares de otras legislaturas estatales que buscan crear sus propios sistemas de control fronterizo.
El gobierno de México ha señalado en ocasiones anteriores que no aceptará a personas deportadas por agencias estatales o locales, lo que abre una incógnita sobre la implementación práctica de las órdenes de salida previstas en la ley SB 4.
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