La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión importante el lunes pasado, que permite a los agentes de la policía de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) seguir haciendo redadas en el área de Los Ángeles.
El máximo tribunal del país votó 6 a 3 para suspender temporalmente las restricciones que había puesto un juez federal en julio.
Se trata de una decisión que ya generó debate sobre los límites constitucionales de las operaciones de inmigración.
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De qué trata el caso
El caso comenzó cuando varios ciudadanos estadounidenses y residentes legales presentaron una demanda, después de ser detenidos durante las operaciones de ICE.
Los demandantes incluyen personas que fueron paradas mientras trabajaban, esperaban el autobús o simplemente caminaban por la calle.
A raíz de esta demanda, un juez federal dictó en julio una orden que restringía las redadas migratorias masivas que ICE estaba llevando a cabo en California, especialmente en Los Ángeles.
Este juez federal consideró que estas prácticas probablemente violaban la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros y detenciones sin razón.
Qué decidió la Corte
El caso llegó a la Corte Suprema, cuya decisión se conoció esta semana.
El más alto tribunal del país decidió suspender temporalmente esta orden judicial.
¿Qué significa esto?
Pues que mientras tramite el caso, los agentes de ICE van a poder seguir realizando operativos en lugares de trabajo y espacios públicos para detener a personas sospechosas de vivir ilegalmente en Estados Unidos.
Los factores que pueden usar los agentes
Los documentos del caso muestran que los agentes federales han estado parando a personas en lugares como estacionamientos de tiendas Home Depot, lavaderos de carros, sitios de construcción y paradas de autobús.
Los agentes basan sus decisiones en cuatro factores principales:
- la raza o etnia aparente de la persona;
- si habla español o habla inglés con acento;
- su ubicación, y
- el tipo de trabajo que hace.
El juez Brett Kavanaugh votó con la mayoría y redactó un voto donde explicó su posición. En su voto, Kavanaugh dijo que estos factores, cuando se consideran juntos, pueden dar a los agentes una sospecha razonable para hacer la parada. Kavanaugh dijo que la etnia por sí sola no es suficiente, pero sí puede ser un factor cuando se combina con otros elementos.
La posición de los jueces liberales
Los tres jueces liberales de la Corte no estuvieron de acuerdo con la decisión de la mayoría.
La jueza Sonia Sotomayor redactó un voto disidente, donde dijo que la decisión de la mayoría pone en riesgo a ciudadanos estadounidenses de origen hispano.
Sotomayor opinó que, ahora, cualquier persona que parezca latina, hable español y trabaje en empleos de bajos salarios puede ser detenida en cualquier momento hasta que demuestre su estatus legal.
Los otros dos jueces liberales, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, se unieron a esta opinión disidente.
El impacto en las comunidades
La decisión afecta a siete condados en el sur de California, donde vive una gran población hispana.
Los abogados que representan a los demandantes dicen que tanto ciudadanos estadounidenses como inmigrantes legales han sido parados y cuestionados durante estas redadas de ICE.
Las organizaciones de derechos civiles han documentado casos donde agentes armados y enmascarados han detenido a personas en lugares públicos solo para preguntarles sobre su estatus migratorio. Algunos de los afectados resultaron ser ciudadanos estadounidenses.
La respuesta del gobierno federal
El Departamento de Seguridad Nacional celebró la decisión como una victoria a favor del respeto de la ley. Los oficiales dijeron que las operaciones de ICE se enfocan en personas que han cometido crímenes y que están en el país ilegalmente.
La administración había argumentado que las restricciones del juez federal impedían que los agentes hicieran su trabajo de manera efectiva. Dijeron que tener que preocuparse por violar una orden judicial podría hacer que los agentes no actuaran cuando fuera necesario.
Qué pasa ahora
La decisión de la Corte Suprema no es final. El caso principal todavía debe resolverse en las cortes inferiores.
Pero mientras tanto, las redadas de ICE pueden continuar sin las restricciones que había puesto el juez federal.
Los abogados de derechos civiles dijeron que van a seguir luchando contra lo que llaman un programa de deportación basado en el racismo.
Por su parte, el gobierno federal dijo que va a continuar con las operaciones según lo planeado.
Conclusión
Dado que la decisión de la Corte Suprema no es definitiva y el caso sigue en curso, habrá que esperar para ver cuál será la resolución final sobre la legalidad de estas prácticas.
Es probable que esta resolución influya en casos similares en otras partes del país, donde organizaciones locales también han presentado demandas contra las operaciones federales de inmigración.
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